La AFA se muda a Pilar y desplaza a la IGJ

Con la firma de la Resolución RESO-2026-1159, la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia abandona formalmente la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para radicarse en territorio bonaerense.

En un movimiento estratégico que redefine el tablero legal del fútbol argentino, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la Provincia de Buenos Aires oficializó la inscripción del cambio de jurisdicción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lo que en los papeles figura como una reforma estatutaria (aprobada por unanimidad en la Asamblea del 17 de octubre de 2024), es en la práctica un escudo jurídico. Al trasladar su sede social a la calle Mercedes 1366, en Pilar, y confirmar su sede deportiva en el predio «Lionel Andrés Messi» de Ezeiza, la AFA logra un objetivo central: anular la competencia de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Este movimiento ocurre en medio de una fuerte disputa legal donde la IGJ, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, venía cuestionando la validez de las asambleas y la reelección anticipada de las autoridades de la AFA.

Puntos clave de la resolución:
_La resolución de la DPPJ es tajante respecto a la pérdida de facultades del organismo porteño:

_Jurisdicción Exclusiva: A partir de la inscripción registral, la Provincia de Buenos Aires asume el control de legalidad y el poder de policía sobre la AFA.

_Incompetencia de la IGJ: El documento establece que la IGJ «carece de legitimidad» para expedirse sobre cualquier reforma estatutaria o control de la entidad, evitando así una superposición de competencias que resultaría contraria al diseño federal de la Constitución Nacional.

_Efectos Inmediatos: Según el artículo 157 del Código Civil y Comercial, la modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento, consolidando la radicación definitiva en Pilar.

Impacto en las investigaciones vigentes
Este desplazamiento de jurisdicción plantea un interrogante sobre las investigaciones y procesos judiciales en curso. Al quedar fiscalizada exclusivamente por la provincia gobernada por Axel Kicillof, la conducción de la AFA se aleja de la fiscalización directa del Gobierno Nacional, lo que supone un alivio procesal para el Comité Ejecutivo frente a las intervenciones intentadas desde la Ciudad.

La resolución reafirma que admitir un doble control (IGJ y DPPJ) sería «inadmisible», blindando las decisiones tomadas en las últimas asambleas bajo la normativa bonaerense.

La mudanza a Pilar actúa como un «freno de mano» a las embestidas judiciales y administrativas que provenían de la Ciudad de Buenos Aires, trasladando todo el peso de las decisiones futuras a un territorio donde la AFA ha consolidado su poder político y legal.

Imagen ilustrativa generada con IA.